Daniel y Miguel Quintero: dos procesos que complican el panorama de los hermanos
Mientras Daniel Quintero fue llamado a juicio disciplinario por presunta participación indebida en política, su hermano Miguel permanece recluido en la cárcel de Cómbita por una investigación relacionada con contratos públicos en Antioquia.
Los hermanos Daniel y Miguel Andrés Quintero atraviesan dos procesos diferentes que han puesto nuevamente a su familia en el centro de la atención pública. El exalcalde de Medellín deberá responder ante la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política, mientras que su hermano permanece privado de la libertad en la cárcel de Cómbita, Boyacá, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Los acontecimientos se conocieron en los primeros días de noviembre de 2026 y tienen como escenario dos actuaciones de la justicia que avanzan por caminos distintos: una disciplinaria y otra penal.
¿Por qué la Procuraduría llamó a juicio a Daniel Quintero?
El nuevo proceso disciplinario contra Daniel Quintero se relaciona con unas declaraciones que entregó el 21 de junio de 2026, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
En ese momento, Quintero se desempeñaba como superintendente nacional de Salud y concedió una entrevista al medio La Razón.co desde el teatro Royal Center de Bogotá, donde se encontraba el equipo político de Iván Cepeda.
Durante la conversación se refirió al resultado del preconteo electoral y a las denuncias de presuntas irregularidades presentadas por la campaña de Cepeda. También planteó la necesidad de organizar equipos para revisar las actas de votación.
Una de sus declaraciones fue: “Los votos están en las urnas, hay que ir a buscarlos”.
Para la Procuraduría, esos pronunciamientos podrían constituir una intervención indebida en política, debido a que Quintero ejercía un cargo público y debía observar los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos y calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de dolo. Con esta decisión, el expediente pasó a la etapa de juzgamiento disciplinario.
Esto significa que el exfuncionario tendrá la oportunidad de presentar sus descargos, controvertir las pruebas y ejercer su defensa antes de que se tome una decisión definitiva.
Hasta el momento de la publicación de El Colombiano, Daniel Quintero no había sido declarado responsable dentro de este nuevo proceso.
El antecedente disciplinario de Daniel Quintero
La investigación actual también recuerda un episodio anterior de la trayectoria política del exalcalde.
En 2022, cuando ocupaba la Alcaldía de Medellín, Quintero fue investigado por presunta participación indebida en política durante la campaña presidencial. Uno de los hechos examinados fue un video publicado en sus redes sociales el 9 de mayo de ese año, en el que utilizó la expresión “el cambio en primera”.
La Procuraduría consideró que sus publicaciones podían representar una intervención política incompatible con las obligaciones de su cargo.
Según el recuento de El Colombiano, el organismo de control lo sancionó en julio de 2024 con seis meses de inhabilidad y una multa económica. La decisión fue confirmada en segunda instancia en noviembre de 2025.
Quintero cuestionó esa determinación y manifestó que acudiría al Consejo de Estado.
El nuevo expediente, sin embargo, corresponde a hechos diferentes y deberá resolverse de manera independiente.
Miguel Quintero permanece en la cárcel de Cómbita
Mientras Daniel enfrenta el proceso disciplinario, su hermano Miguel Andrés Quintero Calle permanece recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Cómbita, en Boyacá.
Su situación está relacionada con una investigación penal por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La investigación examina posibles anomalías en la contratación y ejecución de esos convenios. De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, la Fiscalía formuló imputaciones relacionadas con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. Los cargos no fueron aceptados por el investigado.
El traslado a la cárcel se produjo después de que un juez de segunda instancia revocara la detención domiciliaria que Miguel Quintero cumplía desde el 2 de octubre de 2026 y ordenara que la medida de aseguramiento se cumpliera en un establecimiento penitenciario.
El procedimiento se realizó el 30 de octubre, cuando fue trasladado a Boyacá bajo custodia de las autoridades.
Es importante precisar que la medida de aseguramiento no equivale a una condena. La investigación penal continúa y será la justicia la encargada de determinar si existe responsabilidad.
Daniel Quintero defendió públicamente a su hermano
Tras conocerse la decisión judicial, Daniel Quintero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su respaldo a Miguel y cuestionó las pruebas del expediente.
“Fuerza, Miguel. Creo en ti. Se hará justicia”, escribió el exalcalde.
También aseguró que, desde su perspectiva, existían elementos que demostrarían una supuesta manipulación de pruebas y testimonios. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Quintero y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial.
La decisión de trasladar a Miguel a Cómbita también generó cuestionamientos por parte de su defensa, que presentó una acción de tutela contra el Inpec para solicitar su traslado a un establecimiento penitenciario del Valle de Aburrá.
Entre los argumentos expuestos por la defensa se encuentran el derecho al debido proceso, la defensa y la unidad familiar.
La petición también provocó reacciones políticas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó públicamente la solicitud y rechazó que el caso fuera presentado como una persecución política.
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Dos procesos diferentes y un mismo entorno familiar
La situación de los hermanos Quintero reúne dos asuntos que deben analizarse por separado.
Por un lado, Daniel Quintero enfrenta una actuación disciplinaria por declaraciones realizadas mientras ejercía como superintendente nacional de Salud durante la segunda vuelta presidencial de 2026. La Procuraduría deberá establecer si incurrió en una falta relacionada con la participación indebida en política.
Por otro, Miguel Andrés Quintero permanece en un centro penitenciario mientras avanza el proceso penal relacionado con seis contratos del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Aunque ambos casos tienen repercusiones públicas y políticas, sus investigaciones, pruebas y eventuales decisiones corresponden a autoridades y procedimientos distintos.
Por ahora, el panorama para los dos hermanos está marcado por actuaciones judiciales en curso. Las próximas decisiones de la Procuraduría y de los jueces que conocen el proceso penal serán determinantes para establecer cómo avanzan estos expedientes.
¿Qué implicaciones tendrán estos procesos para el futuro político y judicial de los hermanos Quintero? Sigue la información y conoce cómo evolucionan los casos.
