Contraloría detecta presunto detrimento de $15.983 millones en Empresas de Desarrollo Urbano de Antioquia

Una auditoría a 31 Empresas de Desarrollo Urbano (EDU) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado encontró irregularidades fiscales, problemas de sostenibilidad financiera y posibles fallas en la creación de varias entidades.

La Contraloría General de Antioquia reveló los resultados de una auditoría especial realizada a 31 Empresas de Desarrollo Urbano (EDU) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, en la que identificó un presunto detrimento patrimonial de $15.983 millones, además de múltiples deficiencias financieras, administrativas y legales.

El organismo de control concluyó que una parte importante de estas entidades presenta problemas de sostenibilidad económica, deficiencias en su constitución y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, situación que motivará procesos de responsabilidad fiscal y acciones ante otras autoridades.

Contraloría encontró fallas en la creación de 10 EDU

El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, explicó que la auditoría confirmó varias de las preocupaciones que habían motivado la actuación especial de fiscalización.

Según el funcionario, 10 Empresas de Desarrollo Urbano fueron constituidas sin cumplir los estudios de viabilidad técnica, financiera, presupuestal y fiscal exigidos por la Ley 489 de 1998, requisito indispensable para su creación.

Las entidades señaladas son:

• Eduna (Santa Rosa de Osos)
• Idear (Remedios)
• Ederem (Buriticá)
• Eduoccidente (Sopetrán)
• Empresa Autónoma de El Peñol
• Edurhaba (Chigorodó)
• Edunsara (San Rafael)
• Edurm (Murindó)
• Empresa de Desarrollo Urbano y Territorial (Mutatá)
• Edurha (Necoclí)

Ante esta situación, la Contraloría anunció que acudirá ante la jurisdicción contencioso administrativa para solicitar la nulidad de estas entidades.

“Vamos a acudir ante jueces administrativos para pedir que estas empresas salgan de la vida jurídica, toda vez que incumplieron un requisito legal para existir”, afirmó Herrera Toro.

Trece entidades presentan presuntos hallazgos fiscales

La auditoría también identificó 13 Empresas de Desarrollo Urbano con presuntos hallazgos fiscales, cuyo valor conjunto asciende a $15.983 millones.

Los mayores montos corresponden a:

• Dabeiba: $6.980 millones.
• Eduoccidente (Sopetrán): $2.827 millones.
• Eduna (Santa Rosa de Osos): $1.641 millones.
• Eduan (Andes): $1.062 millones.
• Emtsi (Ituango): $891 millones.
• Edenorte (Yarumal): $684 millones.
• Edurhaba (Chigorodó): $678 millones.
• Edurha (Necoclí): $605 millones.
• Edurha (Donmatías): $583 millones.
• Edesan (San Carlos): $27 millones.

De acuerdo con la Contraloría, el origen de la mayoría de estos hallazgos está relacionado con el no traslado oportuno de recursos correspondientes a estampillas, retenciones e impuestos, obligaciones que debían ser giradas a diferentes entidades y permanecieron en las cuentas de las empresas.

El contralor explicó que la legislación establece responsabilidades cuando estos recursos retenidos no son trasladados dentro de los plazos establecidos.

También encontraron problemas administrativos y financieros

Además de los presuntos detrimentos patrimoniales, la auditoría detectó múltiples hallazgos administrativos y disciplinarios.

Entre ellos sobresalen:

• Giroccidente SAS, en Giraldo, por no llevar correctamente los libros de estados financieros.
• Edurm, en Murindó, por inconsistencias en el registro de cuentas por pagar.
• Eduantioquia, de Santa Fe de Antioquia, por obligaciones que no fueron reconocidas oportunamente dentro de la vigencia fiscal.

La Contraloría también evidenció problemas recurrentes como:

• Bajo nivel de liquidez.
• Desequilibrios presupuestales.
• Alto endeudamiento.
• Deficiencias en la calidad de la información financiera.
• Problemas en la recuperación de cartera.

Contraloría cuestiona la viabilidad de las EDU en pequeños municipios

Para el contralor Juan Carlos Herrera Toro, los resultados de la auditoría muestran que muchas de estas empresas fueron creadas sin considerar la realidad financiera de los municipios de menor categoría.

Según explicó, estas entidades requieren una estructura administrativa conformada por gerencia, áreas jurídicas, financieras y de control interno, costos que en muchos casos terminan siendo superiores a los ingresos que generan.

“Los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría apenas cuentan con recursos para cubrir su funcionamiento. La creación de estas empresas termina siendo más un perjuicio que un beneficio”, afirmó.

El funcionario agregó que, aunque las EDU fueron diseñadas para agilizar la contratación pública mediante un régimen de derecho privado, existen otros mecanismos legales que permiten obtener ese mismo resultado sin crear nuevas entidades.

Auditoría permitió recuperar más de $7.300 millones

Pese a las irregularidades detectadas, la actuación de la Contraloría también permitió la recuperación de recursos públicos.

Durante el desarrollo de la auditoría, 15 entidades normalizaron obligaciones pendientes, lo que permitió recuperar $7.373 millones para las finanzas públicas.

La Contraloría indicó que continuará con los procesos de responsabilidad fiscal contra las entidades involucradas y compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a los alcaldes de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría para que evalúen cuidadosamente la creación de nuevas Empresas de Desarrollo Urbano, advirtiendo que muchas terminan generando mayores cargas administrativas y financieras que beneficios para las administraciones locales.