¿Se puede anular la tasa de seguridad en Antioquia como ocurrió en el Valle? Esto dice la ley

La decisión del Consejo de Estado de anular el cobro de la tasa de seguridad en el Valle del Cauca abrió el debate sobre si en Antioquia podría pasar lo mismo. Expertos explican las diferencias jurídicas entre ambos casos.

La decisión del Consejo de Estado de declarar nula la ordenanza que permitía cobrar la tasa de seguridad a través de las facturas de energía en el Valle del Cauca despertó una pregunta entre miles de ciudadanos en Antioquia: ¿podría pasar lo mismo con la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana impulsada por la Gobernación?

Aunque ambos casos tienen similitudes, expertos consultados consideran que existen diferencias jurídicas que, por ahora, hacen que la situación de Antioquia sea distinta.

¿Por qué el Consejo de Estado anuló la tasa de seguridad en el Valle del Cauca?

El alto tribunal concluyó que la Asamblea del Valle del Cauca no contaba con una habilitación legal suficiente para crear el tributo mediante la ordenanza aprobada en 2016.

Además, la sentencia señala que la norma tampoco definía elementos esenciales del impuesto, como el sujeto pasivo y la metodología para calcular la tarifa, por lo que decidió declarar su nulidad.

¿Por qué la situación de Antioquia sería diferente?

Especialistas en derecho administrativo sostienen que la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana creada en Antioquia cuenta con un respaldo normativo que no existía cuando el Valle aprobó su tributo.

Entre las principales normas que respaldan el cobro se encuentran:

• Ley 2272 de 2022, que permite a los entes territoriales continuar recaudando este tipo de tributos bajo determinadas condiciones.
• Ley 2200 de 2022, que faculta a las asambleas departamentales para establecer tasas destinadas a financiar los fondos territoriales de seguridad.
• Sentencia C-363 de 2023 de la Corte Constitucional, que ratificó la competencia del Congreso para habilitar este tipo de mecanismos de financiación.

De acuerdo con estos argumentos, Antioquia tendría un soporte jurídico más sólido que el que tuvo el Valle del Cauca cuando implementó el cobro.

¿La tasa de seguridad de Antioquia podría ser demandada?

Sí.

Aunque algunos expertos consideran que el sustento legal es suficiente, actualmente existen cinco demandas de nulidad que buscan dejar sin efecto la ordenanza que creó la tasa de seguridad en Antioquia.

Estos procesos continúan su trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa y serán los jueces quienes determinen si la norma cumple con todos los requisitos legales.

¿Qué pasará con los recursos que espera recaudar la Gobernación?

Mientras avanzan las demandas, la Asamblea de Antioquia aprobó vigencias futuras por más de 176.000 millones de pesos, con el propósito de anticipar recursos que serían financiados con el recaudo de la tasa.

La decisión ha generado críticas desde algunos sectores políticos.

El diputado Luis Peláez advirtió que existe un riesgo fiscal si el impuesto llegara a ser anulado en el futuro, pues los contratos financiados con esos recursos ya podrían estar en ejecución.

¿Quiénes deben pagar la tasa de seguridad?

Actualmente la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana aplica para:

• Sectores industrial y comercial.
• Viviendas de estratos 4, 5 y 6.

Los recursos tienen como destino fortalecer la seguridad del departamento mediante inversiones en infraestructura, tecnología, movilidad y dotación para la Fuerza Pública.

¿Existe riesgo de que desaparezca la tasa?

Por ahora, no hay una decisión judicial que indique que la tasa vaya a ser anulada en Antioquia.

Sin embargo, el futuro del tributo dependerá de lo que determinen los jueces frente a las demandas que cursan actualmente. Mientras tanto, el cobro continúa vigente y la Gobernación mantiene sus planes de financiar proyectos de seguridad con esos recursos.