Informe oficial: amenazas contra Hidroituango en 2026
Las amenazas contra Hidroituango fueron detalladas por Empresas Públicas de Medellín ante el Congreso de la República tras un periodo continuo de presiones registrado entre agosto de 2025 y comienzos de 2026. La entidad pública expuso ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la situación de orden público que compromete la operación energética y el transporte en el departamento de Antioquia.
El reporte corporativo advirtió que las intimidaciones incluyeron exigencias monetarias directas, limitaciones para la circulación del personal técnico y acciones violentas en las vías de acceso a las instalaciones. Frente a este panorama, la administración de los servicios públicos coordinó actuaciones institucionales de respuesta con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.
¿Qué alcance tuvieron las amenazas contra Hidroituango?
Las exigencias económicas para permitir el desarrollo de las actividades en la central eléctrica contemplaron un cobro inicial de $5.000 millones. A esa cifra inicial se sumaron cobros mensuales recurrentes fijados en $500 millones, según quedó consignado en la comunicación formal dirigida a los legisladores.
El documento también señaló que las intimidaciones involucraron menciones directas a la infraestructura del Metro de Medellín y a las instalaciones de la administración distrital. No obstante, las autoridades aclararon que dichas advertencias no llegaron a materializarse en ataques físicos contra los trenes, las estaciones del sistema de transporte ni la sede de la Alcaldía.
De acuerdo con la información expuesta por la dirigencia política, el Clan del Golfo pretendió fijar condiciones monetarias para la continuidad del complejo energético. En paralelo, las estructuras del Frente 36 impusieron restricciones a la movilidad de las cuadrillas técnicas, exigieron permisos escritos e incurrieron en retenciones temporales de trabajadores en los municipios cercanos al embalse.
Impacto sobre la infraestructura y el personal técnico
La confrontación y las extorsiones de grupos armados derivaron en hechos violentos directos sobre los corredores estratégicos del norte antioqueño. La instalación de dos artefactos explosivos artesanales en la vía de ingreso a la obra causó la muerte de un sargento del Ejército y dejó herido a un soldado, lo que paralizó por cerca de una semana el suministro de insumos esenciales.
Las acciones hostiles atribuidas a la estructura disidente bajo el mando de alias Calarcá también afectaron el sistema interconectado. Las indagaciones técnicas relacionaron a este grupo con afectaciones contra tres torres de conducción eléctrica situadas entre las jurisdicciones de Medellín y Bello, además de sobrevuelos no autorizados con drones sobre la represa.
Ante el deterioro de las garantías para los operarios, la empresa prestadora de servicios adoptó medidas de protección operativa preventiva:
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- Restricción transitoria del desplazamiento de cuadrillas hacia áreas rurales del municipio de Briceño.
- Suspensión preventiva de labores técnicas en al menos 17 veredas debido al bloqueo ejercido por actores armados ilegales.
- Articulación permanente con organismos de seguridad estatal para monitorear el perímetro de las centrales hidroeléctricas.
Estas medidas operativas se diseñaron para evitar agresiones contra el personal que realiza labores de mantenimiento, en un contexto donde las amenazas contra Hidroituango condicionaban la estabilidad laboral de los contratistas.
Afectaciones en otras centrales y servicios esenciales
La problemática de seguridad documentada no se limitó a la principal central del país, sino que abarcó los complejos de generación Porce II y Porce III. En estas zonas de influencia se identificaron 26 socavones mineros, maquinaria pesada y asentamientos no autorizados con más de un centenar de personas que generan riesgos por el desvío de cauces de agua.
En esos mismos corredores confluyen disputas por rentas ilegales entre el Frente 36, el ELN y el Clan del Golfo. Aunque la compañía no señaló a una estructura específica por la totalidad de las excavaciones, sí advirtió que la minería ilícita vulnera la estabilidad técnica y ambiental de los embalses.
Asimismo, los informes alertaron sobre cobros extorsivos en el abastecimiento de agua potable en el sector de Granizal, en Bello. En esa zona, organizaciones ilegales han saboteado la distribución del recurso básico y emitido intimidaciones contra conductores y líderes barriales, un escenario que amplía el impacto de las extorsiones de grupos armados sobre la población civil.
Contexto institucional y seguimiento al orden público
La documentación entregada al Congreso de la República formó parte de los insumos remitidos por el jefe de Seguridad de EPM para examinar las condiciones de seguridad en Antioquia. Durante el debate de control político se enfatizó que las amenazas contra Hidroituango y las alertas en torno al Metro de Medellín representan desafíos de primer orden para la estabilidad institucional del territorio.
Ante estos diagnósticos, los representantes regionales insistieron ante el Gobierno nacional en la urgencia de fortalecer la presencia de las Fuerzas Militares en las subregiones del Norte y el Bajo Cauca antioqueño. La protección de los activos estratégicos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales continúan como prioridades para salvaguardar la prestación continua de los servicios de energía y transporte en el país.
Fuente: infobae.com
