Imputación de la JEP a 12 mandos: anuncio oficial
La imputación de la JEP contra dos altos mandos retirados marca un hito en la investigación sobre los crímenes cometidos en Medellín hace más de dos décadas. El tribunal transicional determinó que la IV Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fallaron en su deber legal de resguardar a los ciudadanos en medio de los despliegues armados urbanos.
La providencia judicial señala de manera directa al general en retiro Mario Montoya Uribe y al brigadier general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón. Según las conclusiones del tribunal, ambos comandantes toleraron o no impidieron agresiones directas contra la población mientras se ejecutaban acciones contra estructuras guerrilleras en el occidente de la capital antioqueña.
¿Qué determinó la investigación de la justicia transicional?
Para formular esta imputación de la JEP, los magistrados lideraron una labor de recolección probatoria que incluyó 150 diligencias formales. Asimismo, la Sala de Reconocimiento llevó a cabo la inspección de más de 200 expedientes judiciales procedentes de la justicia penal ordinaria y del mecanismo de Justicia y Paz.
Las pesquisas concluyeron que miembros del Ejército y de la Policía borraron los límites normativos que debían diferenciarlos de los escuadrones paramilitares. En consecuencia, habitantes ajenos a las confrontaciones terminaron convertidos en blancos de persecuciones y señalamientos irregulares mientras los uniformados operaban en sectores densamente poblados de la Comuna 13.
El tribunal transicional fundamentó sus hallazgos en testimonios directos de víctimas y excombatientes. Entre las actividades recopiladas se documentaron 79 versiones voluntarias y decenas de relatos que permitieron evidenciar cómo operaba la coordinación entre agentes estatales y grupos al margen de la ley en zonas periféricas.
Alianzas y omisiones en las intervenciones urbanas
El expediente judicial forma parte del macrocaso 08, una línea de investigación nacional orientada a esclarecer las graves afectaciones a la población civil derivadas de nexos entre funcionarios del Estado y grupos paramilitares. En la capital de Antioquia, el análisis priorizó las acciones armadas ejecutadas entre 2001 y 2003 en la Comuna 13.
Durante ese intervalo temporal, la Fuerza Pública desplegó decenas de intervenciones para frenar a las milicias guerrilleras. Sin embargo, los reportes judiciales revelaron que la coordinación en el terreno incluyó intercambio de inteligencia y patrullajes conjuntos con delegados del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, quienes sirvieron como guías para marcar viviendas y señalar residentes.
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Bajo la directriz de la imputación de la JEP, se determinó que varios de estos despliegues quebrantaron de forma manifiesta los principios de precaución, proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario. Entre las acciones examinadas figuran las siguientes intervenciones:
- La Operación Mariscal, llevada a cabo en mayo de 2002.
- La Operación Orión, considerada la mayor incursión militar urbana efectuada en el país en octubre de 2002.
- Otros despliegues tácticos previos conocidos como Contrafuego, Metro y Otoño.
El papel de los mandos militares y policiales
Los magistrados atribuyeron a los oficiales una responsabilidad bajo la figura de omisión impropia en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. La imputación de la JEP sostiene que, como comandantes territoriales, ambos generales tenían la obligación estricta de ejercer un control riguroso sobre las tropas asignadas y vigilar la integridad física de la ciudadanía.
En el caso puntual de la Operación Orión, la IV Brigada asumió la planificación operativa y el despliegue de las unidades de combate para recuperar sectores bajo control de las milicias. Por su parte, la policía local coordinó las detenciones, la custodia de retenidos en puntos de acopio y las tareas de identificación judicial en articulación directa con los informantes.
El tribunal destacó que la Fuerza Pública no mantuvo una postura de pasividad fortuita, sino que consolidó una división de tareas para ocupar territorios en la Comuna 13. Esta conducta facilitó que las estructuras paramilitares se asentaran de manera prolongada en los barrios una vez concluidos los despliegues de choque.
Próximos pasos procesales para los procesados
Tras la notificación de la imputación de la JEP, los implicados disponen de un plazo de 15 días para definir su postura procesal frente a las acusaciones formuladas. Durante este término legal, los comparecientes pueden aceptar su responsabilidad en los hechos o rechazar las conclusiones emitidas por los magistrados.
Si los excomandantes aceptan los cargos, la justicia transicional avanzará hacia la formulación de una resolución de conclusiones que fijará sanciones restaurativas para reparar a las víctimas. Si eligen controvertir los hallazgos de la imputación de la JEP, el expediente pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, donde enfrentarían un juicio adversarial con posibles condenas de hasta 20 años de privación de la libertad.
Fuente: elcolombiano.com
