Antioquia abre la puerta a la valorización para financiar cuatro nuevas vías
La Asamblea de Antioquia aprobó el proyecto que permitirá avanzar hacia un esquema de valorización para financiar obras por $852.497 millones. La iniciativa contempla 76,53 kilómetros de nuevos corredores viales en Oriente, Suroeste y Urabá.
La discusión que durante varias semanas dividió opiniones en Antioquia terminó con una decisión: la Asamblea Departamental aprobó el Proyecto de Ordenanza 37, que abre la puerta para utilizar la valorización como mecanismo de financiación de cuatro proyectos viales.
La iniciativa recibió 13 votos a favor y 6 en contra durante el segundo y último debate en la plenaria, con lo que pasó a una nueva etapa dentro del proceso administrativo.
El proyecto había llegado a la Asamblea con una propuesta mucho más amplia. Inicialmente se contemplaban seis corredores y una inversión estimada cercana a los $4,8 billones, pero después de las discusiones y modificaciones se retiraron las obras más costosas.
El paquete aprobado quedó reducido a cuatro tramos que, en conjunto, representan una inversión de $852.497 millones y 76,53 kilómetros de vías.
Estas son las cuatro vías que quedaron en el proyecto
Después de los ajustes realizados durante el trámite de la ordenanza, las obras contempladas son:
- El Canadá – El Carmen de Viboral.
- La Unión – El Carmen de Viboral.
- Jericó – Buenos Aires – La Bodega, en Andes.
- Circuito de Urabá: Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde.
Estos corredores están ubicados en zonas estratégicas de Antioquia y buscan mejorar la conectividad entre municipios, sectores productivos y corredores que tienen importancia para la movilidad regional.
El proyecto inicial incluía otras obras, entre ellas corredores relacionados con El Santuario, La Ceja, La Pintada y San Pedro de los Milagros, además de proyectos de mayor escala que estaban planteados bajo esquemas de alianzas público-privadas.
Sin embargo, esos componentes fueron retirados durante la discusión, reduciendo considerablemente el alcance económico de la iniciativa.
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¿Qué significa realmente aprobar la valorización?
Uno de los puntos que generó mayor discusión durante el debate fue precisamente el alcance de la decisión.
La aprobación no significa que desde este momento todos los propietarios de las zonas relacionadas comiencen a pagar una determinada suma.
De acuerdo con la explicación entregada durante el debate, el proyecto permite avanzar hacia los estudios de factibilidad y establecer las reglas generales necesarias antes de definir un eventual cobro.
Es decir, todavía existe un proceso técnico y administrativo para determinar cómo se estructuraría la valorización y cuáles serían las condiciones específicas para su aplicación.
El diputado ponente, Luis Gabriel Gómez, defendió la iniciativa argumentando que la valorización podría convertirse en una alternativa para conseguir los recursos necesarios para ejecutar obras que, según la Gobernación, no podrían financiarse únicamente con el presupuesto departamental.
Gobernación defiende la necesidad de las obras
La administración departamental ha sostenido que Antioquia necesita encontrar nuevas fuentes para financiar proyectos de infraestructura debido a las limitaciones presupuestales.
Durante la discusión, la Secretaría de Infraestructura señaló que el Departamento ya ha destinado recursos importantes para intervenir la red vial.
Según las cifras presentadas durante el debate, Antioquia ha intervenido 1.072 kilómetros de vías por alrededor de $2,7 billones.
De ese monto, cerca de $1,5 billones corresponden a recursos propios, mientras que otros recursos provienen de regalías y del mecanismo de obras por impuestos.
La Gobernación considera que, ante las necesidades existentes y el costo de las obras, la valorización puede convertirse en una herramienta adicional para avanzar con proyectos considerados estratégicos.
El proyecto también generó oposición
Aunque la necesidad de mejorar las carreteras no fue el principal punto de desacuerdo, sí hubo fuertes cuestionamientos frente a la forma de financiar las obras.
Uno de los sectores que manifestó reparos fue el gremio bananero de Urabá.
Augura cuestionó que la infraestructura de esa región pudiera financiarse de manera que, según el gremio, representara una carga desproporcionada para el sector productivo.
El planteamiento refleja uno de los principales debates alrededor de la valorización: determinar quiénes terminan asumiendo el costo de las obras y en qué proporción.
Desde algunos municipios también hubo voces críticas.
Durante la discusión se conoció, por ejemplo, la posición de la Alcaldía de Cisneros, municipio que inicialmente aparecía relacionado con uno de los corredores pero que terminó por fuera de la propuesta final.
La alcaldesa Lina María Correa manifestó que sus habitantes no estarían en condiciones de asumir más impuestos.
Urabá, uno de los puntos centrales
Dentro del proyecto aprobado, el circuito vial de Urabá ocupa un lugar importante.
La obra contempla el corredor Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde, una zona relacionada con actividades productivas y logísticas de gran importancia para la subregión.
Durante el debate, el alcalde de Carepa, Agapito Murillo Palacios, respaldó el proyecto y sostuvo que su hundimiento representaría un freno para el desarrollo de Urabá.
En contraste, el gremio bananero insistió en que no se opone a mejorar la competitividad regional, pero sí cuestiona que un sector específico tenga que asumir una parte desproporcionada del costo.
Así, Urabá se convirtió en uno de los principales escenarios de la discusión sobre el mecanismo de financiación.
El debate estuvo marcado por los posibles impedimentos
La discusión en la Asamblea tampoco avanzó rápidamente.
Antes de entrar de lleno al contenido del proyecto, los diputados tuvieron que abordar varios posibles impedimentos relacionados con propiedades de algunos integrantes de la corporación o de sus familiares dentro de las zonas de influencia de las obras.
Durante el trámite se registraron diferentes discusiones sobre este asunto.
En el primer debate ya se habían declarado impedidos los diputados Gabriel Jaime Giraldo y Edison Antonio Restrepo.
En la plenaria también se revisaron los casos de otros diputados, mientras algunos integrantes de la corporación solicitaron revisar si podían participar en la discusión.
El episodio retrasó durante varias horas el comienzo formal del debate.
¿Qué viene ahora para las vías?
Con la aprobación en segundo y último debate, el proyecto superó el principal escenario de discusión política dentro de la Asamblea.
La iniciativa abre el camino para continuar con los estudios y procedimientos necesarios para estructurar las obras y determinar las condiciones bajo las cuales podría aplicarse la valorización.
El siguiente reto será convertir la decisión política en una estructura técnica que permita definir costos, beneficiarios, mecanismos de financiación y condiciones del eventual cobro.
Por eso, aunque la votación representa un paso importante para la Gobernación, todavía quedan etapas antes de que los propietarios eventualmente conozcan cuánto tendrían que aportar y bajo qué condiciones.
La discusión ahora pasa del debate político al bolsillo de los ciudadanos
La aprobación deja planteado un nuevo escenario para Antioquia.
Por un lado, están las necesidades de infraestructura y la urgencia de mejorar corredores que presentan dificultades de movilidad y conectividad.
Por otro, está la preocupación de propietarios, productores y habitantes frente al impacto que podría tener un mecanismo de financiación basado en la valorización.
La discusión, por tanto, no termina con la votación de los diputados.
Ahora será necesario conocer cómo se desarrollarán los estudios, cuáles serán los criterios para determinar los beneficiarios y cómo se establecerían los eventuales cobros.
La Gobernación consiguió superar el pulso político en la Asamblea con 13 votos a favor y 6 en contra, pero el verdadero desafío será demostrar que las obras justifican el mecanismo de financiación y que los recursos pueden convertirse en infraestructura efectiva para las regiones.
