EPM alerta por millonarias pérdidas debido al robo de agua, energía y gas en Antioquia
Las conexiones ilegales y el vandalismo contra la infraestructura ya generan pérdidas superiores a los $300.000 millones en 2026 y afectan a miles de usuarios en el departamento.
El hurto de servicios públicos y el vandalismo contra la infraestructura de Empresas Públicas de Medellín (EPM) se han convertido en uno de los principales desafíos para la empresa y para miles de usuarios en Antioquia. Durante el primer semestre de 2026, las pérdidas económicas ocasionadas por el robo de energía, agua y gas ya superan los 300.000 millones de pesos, una cifra que, según la compañía, termina afectando la calidad del servicio y genera mayores costos para toda la comunidad.
La empresa advirtió que las conexiones ilegales, el robo de cableado y los ataques contra la infraestructura comprometen la continuidad del suministro, incrementan las inversiones destinadas a reparaciones y retrasan proyectos de modernización y expansión de las redes.
El robo equivale al consumo anual de 95.000 viviendas
De acuerdo con el balance presentado por EPM, el volumen de energía y agua sustraído ilegalmente durante los primeros seis meses del año equivale al consumo promedio anual de 95.000 viviendas, lo que refleja la magnitud del problema que enfrenta la empresa.
Las cifras muestran que la energía eléctrica concentra el mayor impacto, representando el 57,7 % de las pérdidas registradas.
El servicio de agua potable y alcantarillado corresponde al 40,4 %, mientras que el gas natural representa el 1,9 % restante.
El fraude afecta directamente a los usuarios
EPM explicó que el impacto del hurto no se limita a las pérdidas económicas de la empresa.
Cada acto de vandalismo obliga a realizar inversiones extraordinarias para reparar transformadores, redes, tuberías y equipos especializados, recursos que podrían destinarse al mejoramiento de la infraestructura o a la expansión de los servicios públicos.
Además, estas inversiones hacen parte de los costos reconocidos dentro de los marcos regulatorios definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), por lo que terminan influyendo en las tarifas que pagan los usuarios.
A esto se suman los riesgos derivados de las conexiones ilegales, como fluctuaciones de voltaje, daños en electrodomésticos, incendios, cortocircuitos y accidentes que pueden comprometer la vida de las personas.
Bajo Cauca, Nordeste y Valle de Aburrá concentran los casos
Según EPM, los delincuentes atacan principalmente la infraestructura eléctrica para extraer cobre y comercializarlo de manera ilegal.
Las zonas con mayor incidencia del delito corresponden a las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, además del Valle de Aburrá, especialmente en Medellín, Bello, Caldas, La Estrella, Sabaneta y Envigado.
Solo entre 2024 y 2025, la empresa destinó más de 7.200 millones de pesos para reparar los daños ocasionados por el robo de infraestructura.
Durante 2026, únicamente los daños en redes subterráneas ya están valorados en cerca de 25.000 millones de pesos.
Como consecuencia de estos ataques, más de 763.000 clientes han sufrido interrupciones del servicio eléctrico, con suspensiones que, en promedio, alcanzan las 24,6 horas por cada evento.
También afectan las redes de agua y gas
El vandalismo no solo impacta el sistema eléctrico.
Las redes de acueducto y alcantarillado también presentan daños frecuentes por la manipulación de tuberías, válvulas, hidrantes y medidores.
Solo durante 2025, EPM registró 398 daños provocados por terceros en la infraestructura de agua potable, ocasionando fugas, suspensiones del servicio y costos superiores a 672 millones de pesos.
En el caso del gas natural, la empresa reportó robos de cables y equipos en estaciones ubicadas en Copacabana, Barbosa, Aguacatala, El Poblado, La Estrella y otros sectores estratégicos para el suministro del servicio.
EPM fortalece controles y pide denunciar
Para enfrentar esta problemática, EPM puso en marcha una estrategia basada en el fortalecimiento de la seguridad de la infraestructura, la instalación de sistemas de monitoreo, nuevas barreras físicas y el rediseño de elementos con materiales de menor valor comercial para desincentivar el hurto.
La empresa también continúa adelantando procesos judiciales contra los responsables y recordó que quienes incurran en delitos como hurto calificado o daño en bien ajeno pueden enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.
De manera paralela, mantiene campañas pedagógicas para promover el uso legal de los servicios públicos y habilitó diferentes canales para denunciar conexiones fraudulentas y actos de vandalismo.
Finalmente, EPM hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier irregularidad, señalando que combatir el fraude no solo protege la infraestructura pública, sino que contribuye a garantizar un servicio más seguro, estable y equitativo para todos los habitantes de Antioquia.
