Procuraduría prorroga suspensión de funcionarios del Inpec por polémica fiesta en la cárcel de Itagüí
Diez funcionarios del Inpec permanecerán suspendidos hasta octubre de 2026 mientras avanza la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades que permitieron una fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí.
La Procuraduría General de la Nación decidió prorrogar por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), investigados por las presuntas irregularidades que habrían facilitado el ingreso de un grupo musical y la realización de una fiesta al interior de la cárcel La Paz de Itagüí.
La medida, que se extenderá hasta octubre de 2026, busca garantizar el normal desarrollo de la investigación disciplinaria y evitar posibles interferencias mientras el organismo de control esclarece los hechos ocurridos el pasado 8 de abril.
¿Quiénes son los funcionarios suspendidos?
La decisión de la Procuraduría cobija a un total de 10 servidores del Inpec, entre ellos:
- Cinco dragoneantes.
- Un intendente.
- Tres tenientes.
- Un inspector jefe.
Todos son investigados por su presunta responsabilidad en el ingreso de una agrupación musical al establecimiento penitenciario y por las posibles fallas en los controles de seguridad durante el evento.
¿Qué investiga la Procuraduría?
Según el organismo de control, durante el ingreso de los músicos al centro penitenciario se habrían incumplido los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de establecimientos.
Además, la investigación busca establecer si existió un posible ocultamiento de información y presuntas inconsistencias en un informe oficial elaborado después de lo sucedido.
La Procuraduría también analiza si algunos funcionarios incurrieron en faltas disciplinarias relacionadas con el manejo de los controles internos del penal.
La polémica revive en medio de alertas por un posible plan de fuga
El caso volvió a tomar relevancia luego de las recientes advertencias de las autoridades sobre un presunto plan de fuga que involucraría a cabecillas delincuenciales y voceros de la denominada paz urbana recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.
Las investigaciones buscan determinar si las presuntas irregularidades detectadas durante la realización de la fiesta pudieron evidenciar debilidades en los protocolos de seguridad del establecimiento carcelario.
También investigan presuntos pagos a funcionarios
En su momento, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla aseguró que algunos funcionarios investigados presuntamente habrían recibido dinero para omitir los controles de ingreso.
Según la cabildante, parte de los cerca de cinco millones de pesos que habría costado el evento se destinó a diferentes gastos, por lo que corresponderá a la Fiscalía General de la Nación establecer si existieron pagos indebidos a servidores públicos.
Hasta el momento, estas afirmaciones hacen parte de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.
¿Por qué se mantiene la suspensión?
La Procuraduría explicó que mantener apartados temporalmente a los funcionarios resulta necesario porque un eventual regreso a sus cargos podría facilitar la repetición de las conductas investigadas o afectar la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario.
Por esa razón, el organismo concluyó que la medida cautelar debe continuar vigente mientras se determina la posible responsabilidad disciplinaria de los servidores involucrados en este caso que ha generado amplio debate sobre la seguridad y los controles al interior de la cárcel La Paz de Itagüí.
