Miguel Quintero va a prisión tras fallo definitivo en 2026
El procesado Miguel Quintero deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario tras una reciente decisión judicial adoptada en segunda instancia en la ciudad de Medellín. La determinación modifica el beneficio previo que le permitía afrontar las pesquisas en su lugar de residencia, en el marco de una investigación por presuntas anomalías en la contratación pública.
La providencia fue emitida por el Juez Primero Penal del circuito de la capital antioqueña, quien revocó la prisión domiciliaria impuesta a principios de mes por el Juzgado 27 Penal municipal con funciones de control de garantías. El proceso penal vincula al hermano del exmandatario local con irregularidades contractuales ocurridas en el Valle de Aburrá.
Los cargos que enfrenta Miguel Quintero ante la justicia
Las indagaciones de las autoridades señalan que Miguel Quintero está formalmente vinculado a un expediente por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. Por su parte, el ciudadano Sebastián Ortega permanece vinculado al proceso únicamente por el segundo de estos delitos, aunque en su caso continuará en libertad.
El núcleo de las pesquisas se concentra en un convenio interadministrativo suscrito entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Dicha contratación se ejecutó entre los años 2021 y 2023, alcanzando una cifra total de $17.656 millones.
De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía General de la Nación, los procesados y terceras personas presuntamente desviaron una suma aproximada de $2.481 millones a través del cobro de dádivas o comisiones indebidas.
¿Por qué revocó el juez la prisión domiciliaria?
Al fundamentar su determinación, la autoridad judicial concluyó que la prisión domiciliaria resultaba ineficaz para contener posibles riesgos procesales y determinó que el acusado representa un peligro para la comunidad. Para el operador judicial, las conductas atribuidas a Miguel Quintero no fueron hechos aislados ni accidentales dentro de la entidad pública.
Lee también: Gremios de Antioquia piden eliminar la Tasa de Seguridad que se cobra en la factura de energía
El despacho analizó las evidencias recopiladas, las cuales sugieren una injerencia directa sobre las determinaciones internas de la entidad regional. Según las pruebas citadas, el procesado coordinaba decisiones a través de canales informales, como conversaciones en plataformas de mensajería digital donde se discutían puestos y movimientos contractuales en el Área Metropolitana.
Para sustentar la medida intramural, el togado valoró los siguientes elementos aportados a la causa penal:
- Los testimonios suministrados por testigos como Misael Cadavid, quien busca colaboración judicial con la Fiscalía.
- Las declaraciones juradas presentadas por exfuncionarios como María Janeth Rúa y el excontador Juan Alberto Cardona.
- La evidencia documental que infiere la selección de intermediarios para presuntos desvíos monetarios.
- La presunta continuidad e influencia sobre decisiones administrativas sin contar con una vinculación laboral formal.
El togado explicó que el régimen carcelario tradicional ofrece controles estrictos de seguridad sobre comunicaciones, visitas y traslados personales, lo que reduce la posibilidad de reiteración de las conductas imputadas a Miguel Quintero.
La situación jurídica de los demás implicados
En el mismo fallo judicial, el juez analizó la situación de Sebastián de Dios Ortega Urán, confirmando las medidas no privativas de la libertad dictadas previamente en su favor. Aunque el abogado del Área Metropolitana solicitó su detención carcelaria por presuntas maniobras de interferencia procesal, el juez consideró que no existían pruebas contundentes que lo vincularan directamente con actos de obstrucción.
Lee también: Feminicidio en La Ceja: avance claro y 2 delitos imputados
El expediente judicial también involucra al exsubdirector administrativo del ente metropolitano, Álvaro Villada, así como a la exasesora jurídica Vanesa Álvarez. Ambos exservidores fueron vinculados tras las audiencias de formulación de imputación adelantadas el pasado 3 de octubre.
La investigación busca clarificar la cadena de responsabilidades individuales en torno a las conductas tipificadas como peculado por apropiación y direccionamiento de convenios oficiales en el departamento de Antioquia.
Próximos pasos en el cumplimiento de la orden judicial
Tras la lectura de la decisión definitiva, el juzgado ordenó librar la correspondiente boleta de encarcelamiento para que las autoridades policiales procedan con la captura y custodia inmediata del imputado. De esta manera, el proceso contra Miguel Quintero entrará en una nueva fase de reclusión mientras avanzan las etapas formales del juicio oral.
La defensa técnica del encartado, asumida de manera provisional por el jurista Luis Alfonso Carreño, solicitó que su traslado se efectúe hacia un centro penitenciario con esquemas especiales de protección personal, argumentando riesgos de seguridad derivados de capturas ocurridas en administraciones pasadas. No obstante, el togado aclaró que la designación del penal final dependerá exclusivamente de la disponibilidad de cupos que informe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Fuente: elcolombiano.com
