Procuraduría formula cargos contra seis funcionarios del Inpec por fiesta en cárcel de Itagüí
El director encargado de la prisión La Paz y otros cinco funcionarios son investigados por presuntas omisiones en los registros de ingreso y salida durante una presentación musical realizada en abril. La Fiscalía también recibió copias para evaluar posibles conductas penales.
La polémica por la fiesta vallenata realizada dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, volvió a tener repercusiones disciplinarias. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entre ellos el director encargado del establecimiento, por presuntas irregularidades en los controles de acceso y los registros de novedades del penal.
Los hechos investigados ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando una agrupación musical que incluía al cantante Nelson Velásquez ingresó al complejo penitenciario y realizó una presentación. El evento generó cuestionamientos sobre los controles de seguridad, las autorizaciones para el ingreso de visitantes y el funcionamiento de los procedimientos internos de vigilancia.
Según el organismo de control, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con omisiones en los registros de entrada y salida de personas, así como en los reportes que debían dejar constancia de las novedades ocurridas durante la jornada. Las conductas atribuidas fueron calificadas provisionalmente como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
Con la formulación del pliego de cargos, el proceso disciplinario entra en etapa de juzgamiento, en la que los investigados podrán presentar sus argumentos y ejercer su derecho de defensa. La decisión no constituye una sanción definitiva ni significa que la responsabilidad de los funcionarios ya haya sido establecida.
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¿Quiénes son los funcionarios investigados?
La decisión de la Procuraduría cobija a seis integrantes del Inpec vinculados con el establecimiento penitenciario de Itagüí. La lista está integrada por:
- Fabián Leandro León Rodríguez: teniente y director encargado del establecimiento.
- Heyler Antonio Fracica Sarmiento: teniente.
- Fredy Antonio Ciprián Díaz: teniente.
- Salvador del Cristo Jiménez Palencia: inspector jefe.
- Eduardo Parra Ceballes: inspector.
- Juan Diego Ospina Morales: dragoneante.
La investigación busca determinar si las actuaciones u omisiones atribuidas a cada uno constituyeron faltas disciplinarias y establecer el grado de responsabilidad individual que pudiera corresponderles.
El Ministerio Público también informó que compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que examine la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz.
Esta actuación ante la Fiscalía es independiente del proceso disciplinario. La eventual responsabilidad penal deberá ser evaluada por las autoridades competentes con base en las pruebas que se recauden.
La fiesta vallenata que desató la controversia
El episodio que dio origen a las investigaciones ocurrió el 8 de abril de 2026, cuando una agrupación vallenata ingresó a la cárcel La Paz para realizar una presentación musical. Entre sus integrantes estaba Nelson Velásquez, reconocido intérprete del género.
La celebración se llevó a cabo en un pabellón del establecimiento donde permanecían recluidos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados a los diálogos de paz urbana impulsados por el Gobierno nacional.
La difusión de videos del evento generó cuestionamientos públicos sobre las condiciones en las que ingresaron los músicos y otros visitantes, así como sobre los mecanismos de autorización y vigilancia que debían operar en una prisión de alta y media seguridad.
La controversia también puso bajo escrutinio la capacidad del Inpec para garantizar que los protocolos penitenciarios se cumplan sin excepciones. En un establecimiento de estas características, los controles de acceso y la documentación de las novedades son herramientas esenciales para mantener la trazabilidad de las personas que ingresan y salen.
La Procuraduría concentra ahora parte de su actuación en establecer si hubo omisiones en esos procedimientos y si los funcionarios señalados tenían responsabilidades específicas en la supervisión, autorización o registro de los movimientos ocurridos ese día.
Las fallas en los registros, eje de la investigación
Uno de los principales aspectos examinados por el organismo de control es la presunta falta de anotaciones completas sobre el ingreso y la salida de la agrupación musical y de otras personas que estuvieron en el establecimiento.
Los registros penitenciarios permiten verificar quién accede a una cárcel, en qué momento lo hace y bajo qué condiciones. También sirven para dejar constancia de las novedades que puedan afectar la seguridad y el funcionamiento del centro de reclusión.
Cuando existen diferencias entre lo ocurrido y lo consignado en los documentos oficiales, las autoridades deben establecer las causas y determinar si se trató de errores operativos, fallas tecnológicas o posibles incumplimientos de los deberes funcionales.
En este caso, la Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao por presuntas irregularidades en un informe relacionado con aparentes fallas del sistema Sisipec 1 y de la red del Inpec utilizada para controlar el ingreso y la salida de personas.
Estas actuaciones forman parte de las diligencias que buscan esclarecer las condiciones en las que se desarrolló la jornada del 8 de abril. Sin embargo, la existencia de una investigación no permite dar por probadas las irregularidades que se atribuyen a cada funcionario.
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Dos funcionarios aceptaron responsabilidad en los mismos hechos
En el desarrollo de la investigación, la Procuraduría informó que los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David decidieron confesar su responsabilidad en relación con omisiones en los registros que debían diligenciar el día de la fiesta.
De acuerdo con el organismo de control, ambos admitieron que no realizaron las anotaciones correspondientes en los libros del establecimiento penitenciario el 8 de abril de 2026.
Estas confesiones corresponden a la situación procesal de esos funcionarios y no determinan automáticamente la responsabilidad de los otros seis investigados en el nuevo pliego de cargos. Cada actuación debe examinarse de manera individual, conforme a las pruebas y a las garantías del procedimiento disciplinario.
La diferencia es relevante porque la investigación busca establecer quiénes tenían a su cargo los controles, qué obligaciones les correspondían y si las omisiones que se les atribuyen fueron producto de conductas disciplinariamente reprochables.
¿Qué sigue en el proceso contra los funcionarios?
Con la formulación del pliego de cargos, la actuación disciplinaria pasa a la etapa de juzgamiento. Durante esta fase, los funcionarios investigados podrán ejercer su defensa y controvertir las pruebas y los señalamientos formulados por la Procuraduría.
Al finalizar el procedimiento, el organismo de control deberá determinar si existe responsabilidad disciplinaria y, de ser el caso, establecer las sanciones correspondientes conforme a la ley.
En paralelo, la Fiscalía deberá evaluar la información que recibió mediante la compulsa de copias y determinar si hay elementos que justifiquen una investigación penal contra los tres tenientes mencionados.
El caso de la cárcel La Paz continúa siendo relevante para el debate sobre la seguridad penitenciaria y la supervisión de las actividades que se desarrollan al interior de los establecimientos de reclusión. La investigación deberá aclarar cómo se permitió el ingreso de la agrupación musical, qué controles se aplicaron y si las obligaciones de registro y vigilancia se cumplieron.
Por ahora, la decisión de la Procuraduría representa un nuevo avance procesal para esclarecer los hechos ocurridos en abril, pero las responsabilidades definitivas dependerán de las conclusiones de las autoridades competentes.
