Piden cárcel para Miguel Quintero por caso AMVA
La representación de las víctimas también solicitó medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega; la audiencia continuará el 28 de septiembre.
La investigación por las presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí llegó a una nueva etapa judicial. Durante una audiencia realizada el 21 de septiembre de 2026, el abogado que representa al AMVA, entidad reconocida como víctima dentro del proceso, solicitó que Miguel Andrés Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán sean cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La petición se fundamentó, según la representación de las víctimas, en posibles riesgos de obstrucción a la justicia, presiones o acciones contra testigos y otros elementos relacionados con el proceso. La Fiscalía ya había solicitado una medida intramural contra Quintero, quien fue imputado por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Ortega, por su parte, fue imputado por presunto peculado por apropiación.
La decisión sobre la medida de aseguramiento todavía no se ha tomado. La diligencia fue aplazada y continuará el 28 de septiembre, cuando se espera que las defensas expongan sus argumentos ante el juez de control de garantías.
¿Por qué están investigando a Miguel Quintero?
El proceso está relacionado con seis contratos que, según la Fiscalía y los elementos expuestos durante las audiencias, fueron suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por aproximadamente $17.656 millones.
La Fiscalía sostiene que alrededor de estos contratos habría funcionado un esquema mediante el cual se habría pactado el pago de porcentajes sobre los recursos contratados. En la imputación, el ente acusador señaló que las presuntas irregularidades habrían generado una apropiación superior a $2.481 millones.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, Quintero habría ejercido influencia sobre decisiones relacionadas con la contratación pese a no ocupar un cargo formal dentro del AMVA. El ente acusador lo señaló como presunto articulador y direccionador de los contratos investigados.
Estas afirmaciones corresponden a la teoría del caso de la Fiscalía y no constituyen una declaración de responsabilidad penal.
¿Qué pidió el abogado del AMVA?
Majer Abushihab, representante judicial del AMVA dentro del proceso, dedicó varias horas de la audiencia a exponer los elementos que, según la entidad, justificarían la privación preventiva de la libertad de Quintero y Ortega.
Uno de los principales argumentos estuvo relacionado con el supuesto riesgo de que los procesados puedan influir en testigos o interferir en la investigación.
El abogado sostuvo que la capacidad de influencia que, según su exposición, habrían tenido los investigados podría mantenerse incluso si fueran enviados a prisión, aunque consideró que el riesgo sería mayor mientras permanecieran en libertad.
La representación del AMVA también habló de testimonios de personas que actualmente colaboran con la justicia y que, según lo expuesto en audiencia, habrían sido objeto de presiones o campañas de desprestigio.
Entre los testigos mencionados aparece Misael Alberto Cadavid, antiguo comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien se acogió a un principio de oportunidad y ha entregado información a la Fiscalía sobre el caso.
¿Qué declaró Misael Cadavid?
Cadavid se convirtió en uno de los principales testigos mencionados durante las audiencias.
De acuerdo con lo expuesto por el abogado del AMVA, el excomandante de Bomberos habría declarado que alrededor de los contratos se habría pactado una comisión equivalente al 15 % de los valores contratados.
En la audiencia también se presentó la versión según la cual esos recursos habrían tenido como destino personas relacionadas con los hermanos Miguel y Daniel Quintero.
Sin embargo, estas afirmaciones hacen parte de testimonios y de la hipótesis que están siendo valorados dentro del proceso. No representan por sí mismas una sentencia ni una conclusión judicial definitiva.
La Fiscalía había explicado previamente que el supuesto porcentaje se habría extraído mediante diferentes mecanismos, incluidos cheques cobrados en efectivo, según el testimonio presentado durante la imputación.
¿Qué papel tendría Sebastián Ortega?
La representación del AMVA también pidió cárcel para Sebastián Ortega, quien aparece como otro de los procesados en esta investigación.
El Colombiano reportó que Ortega fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación y que la representación de las víctimas planteó que habría tenido participación en las presuntas irregularidades desde las primeras etapas.
Durante la audiencia, el abogado del AMVA afirmó que Ortega habría tenido una relación cercana con Miguel Quintero y que, según los elementos expuestos, habría recibido recursos relacionados con el supuesto esquema.
La representación de las víctimas también hizo referencia a una suma cercana a $133 millones que, según la acusación presentada en audiencia, habría correspondido a una presunta apropiación en favor de Ortega.
La responsabilidad penal de Ortega tampoco ha sido establecida mediante una sentencia.
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¿Hubo denuncias sobre presiones a testigos?
Este fue uno de los puntos centrales de la audiencia.
El abogado del AMVA sostuvo que existen elementos que permitirían hablar de posibles intentos de interferir en el proceso y mencionó específicamente situaciones relacionadas con Misael Cadavid y otra testigo que también colabora con la justicia.
Según la exposición presentada, Cadavid habría sido objeto de una campaña destinada a desacreditarlo públicamente. El abogado afirmó que estas acciones podrían afectar su participación como testigo.
El representante de las víctimas aseguró además que Cadavid se encuentra bajo protección oficial de la Unidad Nacional de Protección.
También fueron mencionadas consultas y descargas de documentos relacionados con el expediente judicial. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, se registraron cientos de búsquedas en la plataforma de la Rama Judicial y una persona habría descargado numerosos archivos relacionados con el caso. La interpretación de estos hechos como una posible obstrucción corresponde a la argumentación presentada por la Fiscalía y la representación de las víctimas.
¿Qué otros contratos aparecen en las pruebas?
Durante la audiencia también se mencionaron documentos y conversaciones que, según la representación de las víctimas, mostrarían cómo se habrían manejado decisiones relacionadas con la contratación.
Entre los elementos citados aparecen chats, mensajes y documentos internos.
Uno de los aspectos señalados fue la presunta participación de personas externas a la estructura formal del AMVA en discusiones relacionadas con nombramientos y contratación.
También se mencionaron comunicaciones en las que se habría hablado sobre la necesidad de cambiar funcionarios de determinadas áreas.
La representación de las víctimas presentó estos elementos como parte de su argumento para demostrar una supuesta capacidad de influencia sobre la entidad.
No obstante, corresponde al juez valorar estos elementos dentro del proceso y determinar su alcance jurídico.
¿Qué ha dicho la Fiscalía sobre el caso?
La Fiscalía General de la Nación sostiene que alrededor de los seis contratos habría operado una estructura destinada a direccionar la contratación y obtener beneficios económicos.
En septiembre, el ente acusador logró imputar cargos contra Miguel Quintero, Álvaro Villada, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez.
A Quintero se le imputaron los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. A Villada también se le atribuyeron esos delitos; Ortega fue imputado por presunto peculado por apropiación y Álvarez por presunto interés indebido en contratos.
La Fiscalía también anunció durante la audiencia que conformó un grupo especial de tareas para investigar y judicializar hechos relacionados con presunta corrupción en la gestión pública y contractual en Medellín. El caso de los contratos del AMVA y Bomberos de Itagüí quedó incluido dentro de ese seguimiento especial.
¿Qué pasó con la audiencia?
Aunque inicialmente se esperaba que la audiencia avanzara hacia una decisión sobre la medida de aseguramiento, la diligencia no terminó con una orden de cárcel.
La representación de las víctimas presentó sus argumentos y posteriormente el proceso quedó pendiente de las intervenciones de las defensas.
La audiencia fue aplazada para el 28 de septiembre de 2026, fecha en la que se espera que continúe la discusión sobre la eventual medida de aseguramiento.
Esto significa que, hasta el momento, Miguel Quintero y Sebastián Ortega no han sido enviados a prisión por decisión judicial dentro de esta audiencia.
¿Qué significa una medida de aseguramiento?
Una medida de aseguramiento es una decisión preventiva que puede ser adoptada durante un proceso penal bajo determinadas condiciones.
No equivale a una condena.
Su objetivo dentro del sistema penal puede estar relacionado, entre otros aspectos, con evitar riesgos de fuga, proteger la investigación o impedir posibles interferencias con el proceso, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Por esa razón, aunque la Fiscalía o la representación de las víctimas soliciten una medida de aseguramiento, corresponde al juez analizar los argumentos y las pruebas antes de tomar una decisión.
En este caso, la discusión está precisamente en determinar si existen razones suficientes para imponer una medida privativa de la libertad mientras continúa el proceso.
Un proceso que sigue abierto
El caso de los contratos entre el AMVA y Bomberos de Itagüí continúa avanzando en diferentes frentes.
Por un lado, la Fiscalía busca establecer las responsabilidades individuales de los procesados y sostiene que existió un esquema para direccionar contratos y obtener beneficios económicos.
Por otro, la representación del AMVA, como víctima reconocida dentro del proceso, considera que existen riesgos que justificarían una medida de aseguramiento contra Quintero y Ortega.
Las defensas todavía tienen pendiente presentar sus argumentos frente a estas solicitudes.
Mientras tanto, también existen antecedentes dentro del mismo expediente. Juan Alberto Cardona Henao, antiguo contador y tesorero de Bomberos de Itagüí, ya fue condenado a 19 meses de prisión tras aceptar responsabilidad en un preacuerdo por falsedades relacionadas con 15 documentos. El juez le concedió la suspensión de la ejecución de la pena bajo condiciones.
Ese caso es independiente de la situación jurídica de Miguel Quintero y los demás procesados.
La próxima audiencia será determinante para conocer si el juez adopta alguna medida preventiva, pero cualquier decisión sobre la responsabilidad penal definitiva deberá producirse dentro del proceso correspondiente.
Preguntas frecuentes
¿Por qué piden cárcel para Miguel Quintero?
La Fiscalía y la representación de las víctimas han argumentado diferentes riesgos relacionados con una posible obstrucción de la justicia y la influencia sobre testigos. La solicitud de medida de aseguramiento todavía debe ser analizada y decidida por un juez.
¿Miguel Quintero ya fue condenado?
No. Quintero fue imputado dentro de una investigación penal, pero una imputación y una solicitud de medida de aseguramiento no equivalen a una condena.
¿Quién más enfrenta una solicitud de cárcel?
La representación de las víctimas también solicitó una medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega, quien fue imputado por presunto peculado por apropiación.
¿Cuándo continuará la audiencia?
La diligencia fue aplazada para el 28 de septiembre de 2026.
¿Cuánto dinero están relacionados con los contratos investigados?
Los seis contratos investigados suman aproximadamente $17.656 millones y la Fiscalía ha señalado un presunto detrimento o apropiación superior a $2.481 millones, según la hipótesis presentada durante el proceso.
¿Qué pasó con Juan Alberto Cardona?
El excontador y tesorero de Bomberos de Itagüí fue condenado a 19 meses por falsedades en documentos privados, después de aceptar responsabilidad mediante un preacuerdo. Su caso tiene una situación procesal diferente a la de los demás investigados.
