Críticas de Santos a 10 años de la firma: un mensaje claro
Las críticas de Santos hacia el mandatario Abelardo de la Espriella marcaron la conmemoración de los diez años del fin del conflicto con las Farc en noviembre de 2026. En un foro académico celebrado en Bogotá, el expresidente cuestionó con severidad las puestas en escena oficiales y los mensajes bélicos transmitidos a la ciudadanía.
El trasfondo de las críticas de Santos
El encuentro tuvo lugar durante el espacio de análisis denominado A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas. Dicha jornada académica fue organizada de manera conjunta por el diario El Espectador al lado de las universidades Nacional, de los Andes y del Rosario.
Las críticas de Santos se produjeron en un escenario que reunió a diversas figuras institucionales vinculadas a la construcción de paz y la justicia transicional. Entre los asistentes sobresalieron el general en retiro Óscar Naranjo, quien ejerció la vicepresidencia colombiana durante el último año y medio de esa administración, así como la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Danilo Rojas.
Durante su intervención, el exjefe de Estado defendió las conversaciones adelantadas con la guerrilla extinta, una etapa de diálogo que demandó más de cuatro años de negociaciones continuas. Para el dirigente, proteger los consensos alcanzados representa una tarea fundamental que no admite retrocesos institucionales, señalando que se trata de un patrimonio colectivo imprescindible para la convivencia ciudadana.
¿Qué cuestionó el expresidente sobre la seguridad actual?
El punto central en las críticas de Santos radicó en la manera como la administración vigente exhibe las bajas en combate de la fuerza pública. En las ruedas de prensa, alocuciones gubernamentales y piezas compartidas en plataformas digitales, los resultados de los operativos armados suelen presentarse mostrando cuerpos de personas abatidas dentro de bolsas plásticas.
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Ante estas acciones, el exmandatario expresó su inquietud al sostener que una década después resulta alarmante observar a un gobernante pasearse entre cadáveres con orgullo o firmando artefactos explosivos como si fuesen presentes. De acuerdo con su visión, esta clase de exhibiciones públicas envía un mensaje perjudicial a la sociedad colombiana y debilita los estándares humanitarios alcanzados.
Asimismo, el dirigente advirtió sobre el peligro de repetir capítulos oscuros del enfrentamiento armado en el territorio nacional. Santos recordó las palabras del antiguo sargento de contraguerrilla Fidel Ochoa, quien catalogó esas vivencias de combate como algo horripilante, reiterando que la política de seguridad no debe sustentarse en la deshumanización de la confrontación bélica.
Dos modelos frente al orden público
La controversia suscitada por las críticas de Santos refleja una divergencia estructural en el tratamiento del orden público nacional. El actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, asumió el poder tras triunfar en las urnas durante los comicios de 2026 mediante una estrategia enfocada en la confrontación directa y el sometimiento a la justicia de las organizaciones al margen de la ley.
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Este enfoque gubernamental marca un quiebre respecto al esquema de negociación implementado en el pasado y dista notablemente de la política de paz total impulsada por su antecesor en el cargo, Gustavo Petro. Aunque en etapas previas el hoy mandatario manifestó posturas favorables al proceso de negociación con la guerrilla, su mandato actual optó por priorizar la presión operativa sobre los actores ilegales.
Frente a esta postura, Santos defendió los resultados de la salida dialogada que encabezó su gestión ministerial y diplomática. Recordó que el entendimiento con la insurgencia permitió la desmovilización efectiva de más de 13.000 hombres armados, un hito que transformó sustancialmente la correlación de fuerzas en los territorios más golpeados por la violencia histórica.
El impacto electoral y social a una década del pacto
En este contexto histórico, las críticas de Santos evidencian las profundas divisiones que persisten en la opinión pública desde la firma del texto de paz. Lejos de constituir un tema de consenso unánime, la implementación de lo pactado ha funcionado como un eje determinante en la configuración del panorama electoral de la última década.
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El camino recorrido tras la suscripción del pacto ha estado marcado por momentos de polarización en las urnas:
- El resultado adverso en el plebiscito refrendatorio celebrado en 2016.
- El desarrollo de tres elecciones presidenciales consecutivas en los años 2018, 2022 y 2026 con agendas de seguridad divergentes.
- La reincorporación a la vida civil de más de 13.000 combatientes que abandonaron las armas de manera definitiva.
Cada una de estas etapas electorales reflejó el choque constante entre quienes respaldan la salida concertada al conflicto y aquellos sectores que exigen mayor contundencia militar en el ejercicio del poder estatal.
Perspectivas institucionales frente al rumbo del país
Frente a este escenario, las críticas de Santos buscan alertar a las instituciones sobre el riesgo de retroceder hacia prácticas de confrontación ya superadas. La presencia de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Defensoría del Pueblo en el recinto subrayó la relevancia de mantener la centralidad de los derechos fundamentales en cualquier despliegue de la fuerza pública.
El alcance de las críticas de Santos pone de relieve que la discusión en torno al Acuerdo de Paz dista de estar cerrada en el debate nacional. Mientras el Gobierno central ratifica su doctrina punitiva frente a los grupos armados, los defensores de los acuerdos insisten en que la tranquilidad duradera solo será viable si se preserva el respeto a la legalidad y a la dignidad humana.
Fuente: elcolombiano.com
