Fiscalía identifica a cinco personas que cobraron $1.600 millones en cheques de Bomberos de Itagüí
Un informe investigativo señala que los recursos fueron retirados en efectivo mediante decenas de cheques. El caso hace parte de una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el organismo de socorro.
La investigación por presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí suma nuevos hallazgos. Un informe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía identificó a cinco personas que habrían cobrado en efectivo cerca de $1.600 millones mediante cheques asociados a las cuentas del organismo bomberil.
La información, revelada por Noticias Telemedellín, hace parte del análisis de las operaciones financieras relacionadas con seis contratos celebrados entre 2020 y 2023. Según las autoridades, el presunto detrimento patrimonial investigado supera los $2.481 millones y el expediente vincula a varias personas que habrían participado en diferentes etapas de la contratación y el manejo de los recursos públicos.
El documento examina los movimientos bancarios del cuerpo de bomberos y llama la atención sobre el uso de cheques para retirar grandes sumas de dinero por ventanilla. Los hallazgos se incorporan a un proceso judicial que busca establecer cómo se utilizaron los recursos y quiénes habrían intervenido en las presuntas irregularidades.
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Cinco personas concentraron los retiros de dinero
De acuerdo con el informe divulgado por Telemedellín, los investigadores revisaron 371 cheques por un valor aproximado de $3.199 millones, emitidos a favor de 122 personas naturales y empresas.
Dentro de ese grupo, cinco personas concentraron buena parte de los movimientos analizados. El reporte señala que recibieron o tuvieron endosados 91 cheques, cuyo cobro en efectivo superó los $1.625 millones, cifra que en el titular de la noticia de Blu Radio se aproxima a los $1.600 millones.
Entre las personas mencionadas en el informe están trabajadores y antiguos integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, así como un particular. La Fiscalía busca establecer el propósito de esos movimientos y su relación con los contratos investigados.
El informe relaciona los siguientes valores:
- Germán Osorio: habría cobrado 48 cheques por $944 millones. Se desempeñaba como conductor del cuerpo de bomberos.
- Juan Alberto Cardona: habría retirado 12 cheques por $225 millones. Fue tesorero de la entidad y ya recibió una sentencia de 19 meses de prisión tras un preacuerdo judicial relacionado con falsedad documental.
- Amparo Quintero: habría cobrado 12 cheques por $193 millones y fue empleada del organismo.
- Elkin González: aparece relacionado con 19 cheques por $163 millones. Fue subcomandante del cuerpo bomberil y está vinculado a la investigación.
- Wilder Jaramillo: habría cobrado dos cheques por un total de $100 millones.
Estos registros constituyen elementos de la investigación financiera. La aparición de una persona en el informe o el cobro de un cheque no demuestra, por sí solo, que haya cometido un delito.
La Fiscalía investiga contratos por más de $17.600 millones
El caso está relacionado con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los acuerdos, según los reportes del proceso, tenían como finalidad fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar la atención de emergencias, desarrollar actividades de formación y suministrar kits durante la pandemia de covid-19.
El valor conjunto de los contratos superó los $17.600 millones. La Fiscalía investiga un presunto detrimento patrimonial superior a $2.481 millones, que estaría relacionado con posibles sobrecostos y pagos por bienes o servicios que presuntamente no tendrían los soportes correspondientes.
Según el ente acusador, parte de los recursos se habría retirado en efectivo mediante cheques por cantidades cerradas, en muchos casos de $50 millones. En una audiencia realizada en septiembre, la fiscal del caso explicó que una suma equivalente al 15 % de los pagos habría sido extraída de las cuentas del cuerpo de bomberos.
La hipótesis de la Fiscalía es que esos retiros estarían relacionados con el supuesto pago de comisiones derivadas de los contratos. Sin embargo, esta versión corresponde a la teoría del caso presentada por el ente acusador y debe analizarse dentro del proceso judicial.
Los movimientos bancarios están bajo revisión
El análisis financiero mencionado por Telemedellín señala que las cuentas de ahorro y corriente del cuerpo de bomberos registraron 8.787 transacciones durante el periodo examinado. En conjunto, se reportaron operaciones por más de $19.000 millones mediante 1.621 cheques.
Los investigadores también revisaron las circunstancias en las que fueron girados y cobrados algunos documentos. Según el informe, los cheques asociados a Germán Osorio y Amparo Quintero no contarían con cuentas de cobro que respaldaran esos giros.
El documento también menciona que Juan Alberto Cardona aceptó la falsificación de 15 facturas dentro de un preacuerdo judicial. Ese antecedente forma parte de las actuaciones relacionadas con el expediente, aunque no significa que todas las personas que aparecen en los movimientos bancarios tengan la misma situación jurídica.
Uno de los puntos que deberán aclararse es por qué determinadas personas cobraban los cheques, quién les entregaba los documentos y cuál era el destino final del efectivo. Esas respuestas podrían ayudar a establecer si los retiros tenían una justificación legítima o si estaban conectados con las conductas que investiga la Fiscalía.
¿Qué papel tendría Miguel Quintero en el caso?
Entre las personas judicializadas se encuentra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
La Fiscalía sostiene que Quintero habría intervenido en el direccionamiento de los seis contratos y lo imputó por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. De acuerdo con el ente acusador, el supuesto esquema habría contemplado el pago de una comisión equivalente al 15 % de los recursos entregados.
También fueron imputados Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Sebastián Ortega por su presunta participación en diferentes conductas relacionadas con la contratación y el manejo del dinero. En septiembre, Blu Radio informó que ninguno de los cuatro aceptó los cargos.
Según información divulgada posteriormente, un juez impuso a Miguel Quintero una medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que Sebastián Ortega recibió medidas no privativas de la libertad. Estas decisiones cautelares no equivalen a una condena penal.
El caso sigue en manos de la justicia
La identificación de las cinco personas que habrían cobrado los cheques aporta nuevos elementos al análisis de las cuentas bancarias del cuerpo de bomberos. Sin embargo, todavía corresponde a las autoridades determinar la trazabilidad del dinero, la finalidad de los retiros y la eventual responsabilidad individual de quienes participaron en las operaciones.
El proceso también incluye actuaciones frente a otras personas vinculadas a la contratación y a la supervisión de los acuerdos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí. Algunas han suscrito acuerdos judiciales, mientras que otras continúan enfrentando actuaciones dentro del expediente.
Por ahora, los hallazgos sobre los cheques hacen parte de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La decisión sobre la responsabilidad penal de cada implicado dependerá de las pruebas que sean presentadas y valoradas por los jueces.
El caso mantiene la atención sobre el control de los contratos públicos, la justificación de los pagos y la necesidad de esclarecer qué ocurrió con los recursos destinados a fortalecer la atención de emergencias en el Valle de Aburrá.
