Alerta en el Débora Arango: investigan fraude informático por $657 millones
Diez funcionarios fueron afectados durante el pago de una nómina y también se detectaron millonarias transferencias entre cuentas de la institución. El caso ya está en manos de la Fiscalía.
Una alerta financiera encendió las alarmas en el Tecnológico de Artes Débora Arango de Envigado, luego de que la institución detectara modificaciones en información utilizada para realizar operaciones bancarias. De acuerdo con la denuncia presentada por el rector Juan Carlos Mejía Giraldo, el monto comprometido asciende a $657.135.558.
El caso fue revelado por el rector durante una intervención ante el Concejo de Envigado, donde explicó cómo se detectaron las irregularidades, qué medidas tomó la institución y cuáles son las preguntas que ahora deberán resolver las autoridades.
¿Cómo detectaron el fraude?
Los hechos se remontan al 15 de septiembre, cuando el Tecnológico de Artes Débora Arango inició el proceso de pago de su nómina.
Según la explicación entregada por el rector, la institución prepara inicialmente un archivo con los nombres de los funcionarios, documentos de identidad, cuentas bancarias y valores que deben recibir. Posteriormente, la información es revisada y aprobada antes de ser cargada al portal transaccional de la entidad financiera.
Fue durante este último proceso cuando se identificaron las modificaciones.
De los 58 funcionarios incluidos en la nómina, 10 resultaron afectados. Los nombres se mantuvieron, pero habrían sido modificados los números de identificación y las cuentas bancarias de destino. Esto habría permitido que los recursos fueran dirigidos a cuentas diferentes de las registradas originalmente.
El monto inicialmente parecía ser mayor
La situación no habría quedado limitada al dinero correspondiente a la nómina.
Durante la revisión posterior, la institución encontró además varias transferencias entre cuentas propias. El rector mencionó operaciones cercanas a $281 millones y $330 millones, además de los recursos correspondientes a los pagos de nómina afectados.
En una primera revisión, el posible detrimento fue calculado en cerca de $800 millones. Sin embargo, posteriormente se realizó una auditoría para reconstruir las operaciones y determinar el valor efectivamente comprometido.
El resultado de esa revisión estableció la cifra de $657.135.558. De ese total, aproximadamente $45,3 millones corresponderían a la nómina afectada, mientras que el resto estaría relacionado con las transferencias detectadas entre cuentas.
Además, parte de los recursos involucrados estaría relacionada con un programa financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), situación que, según el rector, ya fue informada al Ministerio correspondiente.
¿Entraron a los sistemas del Tecnológico?
Uno de los principales interrogantes está precisamente en el punto donde se produjo la modificación de los datos.
Tras conocer la situación, el rector ordenó revisar los sistemas tecnológicos de la institución para determinar si habían sido vulnerados.
Según la revisión citada por Mejía, no se encontró evidencia de una vulneración directa de los sistemas internos del Tecnológico de Artes Débora Arango. Por esta razón, la atención se concentró en el portal transaccional bancario, donde habrían aparecido los cambios.
La institución presentó reclamaciones formales ante BBVA y Banco de Bogotá para solicitar información y explicaciones sobre las operaciones cuestionadas.
Sin embargo, esto no significa que ya esté establecido dónde ocurrió la intervención ni quiénes fueron responsables. Esa será precisamente una de las tareas de la investigación.
El rector decidió proteger los computadores
Después de detectar el posible fraude, la institución ordenó recoger y embalar los computadores utilizados durante el proceso de pago con el objetivo de preservar posibles evidencias.
Posteriormente, el rector relató ante el Concejo que recibió una solicitud de BBVA para permitir el acceso a esos equipos con el propósito de realizar una auditoría forense.
Mejía decidió no entregarlos y manifestó que los computadores solo serían puestos a disposición de la Fiscalía, al considerar que contienen información relevante para establecer cómo se produjeron las modificaciones.
La decisión se fundamentó, según explicó, en la necesidad de que el análisis forense sea realizado por una autoridad independiente.
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Fiscalía y Contraloría ya conocen el caso
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el 16 de septiembre, un día después de que se detectaran las irregularidades.
Además, el rector solicitó la intervención de la Contraloría, con el objetivo de que se adelante una auditoría y se determinen las actuaciones correspondientes.
La institución también presentó derechos de petición ante las entidades bancarias involucradas para obtener información sobre las operaciones y establecer cómo fueron modificados los datos de los beneficiarios.
Ahora las autoridades deberán determinar desde qué punto fueron alterados los documentos de identidad y las cuentas de destino, cómo se produjo la modificación y quiénes estuvieron detrás del movimiento de los recursos.
Una investigación que apenas comienza
El caso del Tecnológico de Artes Débora Arango deja varios interrogantes abiertos.
Por un lado, la institución sostiene que en sus sistemas internos no se encontró evidencia de una vulneración directa. Por otro, existen operaciones financieras que deberán ser reconstruidas y verificadas mediante análisis técnicos y forenses.
También deberá establecerse la responsabilidad que pueda corresponder a las diferentes partes involucradas en el proceso de pago.
Por ahora, el dato confirmado por la revisión presentada ante el Concejo de Envigado es que $657.135.558 quedaron comprometidos en las operaciones cuestionadas y que diez de los 58 funcionarios incluidos en la nómina resultaron afectados.
La Fiscalía tendrá ahora un papel central para determinar cómo ocurrió el fraude y quiénes serían los responsables.
Mientras avanza la investigación, el Tecnológico de Artes Débora Arango mantiene bajo resguardo los equipos utilizados durante el proceso y continúa solicitando información a las entidades financieras para reconstruir el recorrido de los recursos.
