Funcionario del Inpec habría autorizado beneficios especiales para 16 voceros de la Paz Urbana en cárcel de Itagüí
Una directiva interna habría permitido horarios extendidos, visitas diferenciadas, alimentación especial y otros beneficios para 16 voceros de la Paz Urbana recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.
Una directiva interna del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) habría establecido condiciones especiales para 16 voceros de la Paz Urbana recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos reconocidos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
El documento, revelado por Noticias RCN y conocido por Infobae, estaría firmado por el coronel Rolando Ramírez, quien para ese momento se desempeñaba como jefe de Custodia y Vigilancia y estaba encargado de la dirección general del Inpec.
La revelación vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los privados de la libertad vinculados a los procesos de Paz Urbana en Medellín, especialmente después de los escándalos registrados en la cárcel de Itagüí por el ingreso de licor, fiestas y otros elementos.
¿Qué beneficios habría autorizado el Inpec?
Según el documento citado por Infobae, los 16 voceros habrían tenido acceso a un régimen diferenciado dentro del establecimiento penitenciario.
Entre las medidas contempladas estaba el uso de una sala exclusiva para reuniones entre los voceros, delegados del Gobierno y representantes del proceso de conversación sociojurídica.
Además, las reuniones podían extenderse hasta las 10:00 de la noche, dependiendo de las necesidades del proceso.
Visitas familiares tendrían horarios especiales
La directiva también habría establecido una jornada de visitas familiares diferenciada para los miércoles.
Según el documento, podían ingresar hasta tres adultos por cada privado de la libertad, desde las 8:00 de la mañana y con salida entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la posibilidad de ingresar comida preparada para los voceros durante estas visitas, bajo el argumento de que el establecimiento tenía dificultades para cubrir sus necesidades de alimentación.
Algunos internos podían recibir alimentos diferentes
La directiva también habría permitido que los voceros rechazaran la alimentación suministrada por el establecimiento y recibieran alimentos crudos.
El documento establecía además controles específicos para verificar que los elementos autorizados permanecieran exclusivamente dentro de las celdas asignadas a los 16 voceros.
Entre los beneficiados estarían alias Tom, Carlos Pesebre y Douglas
Dentro del grupo de 16 voceros mencionados en la directiva aparecen Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas.
El documento los identifica como privados de la libertad relacionados con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
La medida apareció después del escándalo en la cárcel de Itagüí
La directiva habría sido emitida 27 días después del escándalo del 8 de abril de 2026, relacionado con lujos, licor y una parranda vallenata dentro del penal.
Además, el documento habría aparecido apenas dos días después de un operativo sorpresa realizado por el propio Inpec en la cárcel de Itagüí.
El caso se suma a las investigaciones que ya adelantan las autoridades por las presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de artistas y elementos prohibidos al centro penitenciario. La Procuraduría, por ejemplo, prorrogó en julio la suspensión provisional de 10 funcionarios del Inpec investigados por la fiesta en la que participó el cantante Nelson Velásquez.
¿Qué argumentó el funcionario del Inpec?
En la propia directiva, Rolando Ramírez habría señalado que las medidas tenían como propósito fortalecer el seguimiento, control y reporte institucional frente a las actividades relacionadas con el proceso de Paz Urbana.
También se planteó que las disposiciones buscaban garantizar la trazabilidad de las actuaciones y la rendición de cuentas ante las autoridades competentes.
Por ahora, la existencia del documento y las condiciones allí consignadas son el centro de la controversia. La información publicada no establece por sí misma que el funcionario haya cometido una conducta delictiva, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.
