Obras de la cárcel de Itagüí bajo la lupa: contrato de $13.527 millones tiene hallazgos de la Contraloría
Las obras de ampliación y adecuación de la cárcel La Paz de Itagüí quedaron nuevamente en el centro de la controversia luego de que una investigación periodística revelara detalles de los contratos ejecutados para habilitar nuevos cupos carcelarios y los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República.
El caso hace parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en obras penitenciarias de Itagüí y Barranquilla, en la que también aparecen empresas y consorcios encargados de ejecutar e intervenir los proyectos.
De acuerdo con la información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, uno de los contratos cuestionados corresponde a las obras de la cárcel La Paz, en Itagüí, y fue adjudicado en agosto de 2022 por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) al Consorcio Obras MG, por un valor inicial de $13.527 millones.
Contrato buscaba habilitar nuevos espacios en la cárcel
El proyecto tenía como objetivo construir diferentes instalaciones necesarias para poner en funcionamiento nuevos espacios dentro del establecimiento penitenciario.
Entre las obras contempladas estaban edificaciones de control e integración, un rancho, un depósito transitorio para residuos sólidos, cerramientos de seguridad, obras de urbanismo y otros trabajos complementarios.
El propósito de estas intervenciones estaba relacionado con la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria y reducir el hacinamiento.
Sin embargo, durante una visita realizada por la Contraloría en junio de 2025, el organismo encontró que las obras presentaban un avance de poco más del 60 por ciento, además de dificultades relacionadas con los pagos y el cumplimiento de los tiempos establecidos.
¿Quién está detrás del contrato en Itagüí?
Según la investigación periodística, el Consorcio Obras MG fue la estructura empresarial encargada del contrato.
Dentro del consorcio aparece GP Caribe SAS, con una participación del 70 por ciento. La compañía tiene entre sus representantes y accionistas a Natalia Gómez Aycardi, según los datos citados en la investigación.
La empresa, dedicada a actividades relacionadas con ingeniería y construcción, trasladó su domicilio de Barranquilla a Bogotá en junio de 2025.
El otro componente señalado corresponde a una firma con sede en Bogotá que también aparece relacionada con Gómez Aycardi.
Estos datos hacen parte de la identificación empresarial realizada por la investigación, pero no significan por sí mismos que sus representantes hayan sido condenados o declarados responsables de un delito.
Contraloría advirtió que 516 cupos no habían sido habilitados
Uno de los puntos más relevantes del informe está relacionado con el impacto que tuvieron los retrasos de las obras.
La Contraloría concluyó que, pese a las explicaciones entregadas por la Uspec, 516 cupos para personas privadas de la libertad no habían podido ser habilitados debido a los retrasos en las obras.
Esto significaba que el proyecto no estaba cumpliendo completamente con el objetivo para el cual había sido contratado: contribuir a solucionar la falta de espacios dentro del sistema penitenciario.
La situación también mantenía las condiciones de hacinamiento en el sistema carcelario.
Uspec explicó los retrasos del proyecto
Ante los hallazgos, la Uspec respondió que el contrato no había sido suspendido y que las dificultades estaban relacionadas, entre otros aspectos, con los recursos destinados al pago del contratista.
La entidad explicó que la falta de disponibilidad oportuna de estos recursos obligó a reajustar los tiempos de ejecución del proyecto.
La respuesta fue analizada por el organismo de control, que mantuvo sus observaciones frente al hecho de que los nuevos cupos no habían sido habilitados.
El mismo consorcio aparece en obras de Barranquilla
La investigación de El Tiempo encontró además que Consorcio Obras MG también estuvo vinculado a otro contrato penitenciario, esta vez en la cárcel El Bosque de Barranquilla.
El contrato inicialmente tenía un valor de $9.643 millones, pero posteriormente, debido a modificaciones contractuales, el presupuesto llegó a aproximadamente $15.000 millones.
El proyecto contemplaba la construcción de una edificación de control de acceso, cuatro garitas, cerramiento perimetral y otras obras complementarias.
El plazo original era de cinco meses, pero terminó extendiéndose hasta octubre de 2025.
Contraloría reportó otro posible detrimento
En el caso de Barranquilla, el organismo de control señaló un posible detrimento patrimonial de $8.923 millones, correspondiente al valor pagado al contratista mediante facturas y actas parciales de obra.
La observación estaba relacionada con el hecho de que las obras no habían sido habilitadas para cumplir su finalidad social dentro de los tiempos previstos.
La Uspec respondió que el avance de la obra alcanzaba el 68 por ciento y atribuyó parte de los retrasos a dificultades en el despacho de equipos y materiales.
El debate llega en medio de la crisis carcelaria
El caso de las obras en Itagüí ocurre en un momento especialmente sensible para el sistema penitenciario colombiano.
La falta de cupos, el hacinamiento y las dificultades para poner en funcionamiento nueva infraestructura han sido objeto de constantes cuestionamientos.
Precisamente, el representante a la Cámara Julio César Triana anunció un debate de control político al ministro de Justicia, al director del Inpec y al director de la Uspec para discutir la falta de resultados en la creación de nuevos cupos carcelarios.
La situación también adquiere relevancia en Itagüí debido a la importancia estratégica de la cárcel La Paz dentro del sistema penitenciario del Valle de Aburrá.
Empresarios aseguran que las obras fueron ejecutadas
Frente a los señalamientos, El Tiempo consultó al Consorcio Obras MG.
Según la investigación, representantes del consorcio aseguraron que el proyecto había sido ejecutado al 100 por ciento y señalaron que cuentan con informes mensuales sobre el avance de las obras.
El medio también buscó obtener respuestas del Consorcio Itagüí JAC, identificado como interventor del proyecto, pero al cierre de la publicación no había recibido respuesta a sus consultas.
Esta versión resulta relevante porque existe una diferencia entre el estado de las obras reportado por la Contraloría durante su visita y la posición posterior expresada por el contratista.
¿Qué investiga la Contraloría en la cárcel de Itagüí?
El hallazgo relacionado con Itagüí está estimado en aproximadamente $39.385 millones, de acuerdo con la información citada en la investigación y relacionada con la ampliación de cupos en diferentes establecimientos penitenciarios.
La cifra forma parte de los hallazgos fiscales mencionados en el informe de la Contraloría.
Es importante aclarar que un hallazgo fiscal o un presunto detrimento no equivale automáticamente a una condena ni demuestra por sí solo la existencia de un delito. Los responsables deberán ser determinados por las autoridades competentes si se adelantan investigaciones administrativas, fiscales o judiciales.
El caso seguirá bajo revisión
Las obras de la cárcel La Paz de Itagüí continuarán bajo el escrutinio de las autoridades mientras se determina si los recursos públicos fueron utilizados de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos.
El caso también pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de garantizar que los proyectos de infraestructura penitenciaria cumplan sus objetivos y que los recursos destinados a ampliar los cupos realmente se traduzcan en espacios habilitados.
Por ahora, el principal foco de atención está puesto en el contrato de $13.527 millones, los retrasos detectados por la Contraloría y las empresas que participaron en su ejecución e interventoría.
