Concejales de Itagüí aparecen certificados en diplomado de inteligencia artificial que aseguran no haber realizado
Una denuncia presentada ante la Contraloría y la Personería de Itagüí cuestiona un contrato por más de $151 millones y señala posibles irregularidades en la asistencia, certificación y entrega de una herramienta de inteligencia artificial.
Una nueva denuncia puso bajo la lupa la contratación pública del Concejo de Itagüí, luego de que algunos corporados aseguraran que aparecen certificados en un diplomado de inteligencia artificial al que, según sus propias declaraciones, nunca asistieron.
La controversia gira alrededor del contrato CM002-2026, celebrado entre el Concejo de Itagüí y la empresa Propcol SAS. El acuerdo incluía, entre otros componentes, un Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada dirigido a concejales y funcionarios de la corporación.
De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, el contrato habría tenido un valor total de $151.883.318, incluido el IVA. Dentro de ese monto, aproximadamente $71,4 millones correspondían al diplomado, mientras que otros recursos estaban destinados a la instalación de un aplicativo para apoyar las labores de los concejales.
La situación fue denunciada por los concejales Walter Betancur y Camilo Andrés Valencia, quienes solicitaron que los organismos de control revisen la ejecución contractual y determinen si existió algún tipo de irregularidad.
Concejales aseguran que no asistieron al diplomado
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las certificaciones entregadas después de la capacitación.
Según los documentos citados en la denuncia, fueron expedidos 20 diplomas el 25 de marzo de 2026 por el Politécnico Nacional de Formación e Innovación, acreditando la participación en el proceso de capacitación. Sin embargo, algunos de los concejales que aparecen entre los certificados aseguran que nunca participaron en las actividades.
Betancur manifestó que no asistió a las sesiones ni recibió la certificación correspondiente. Una situación similar fue expuesta por Valencia y por el exconcejal León Mario Bedoya, quien posteriormente renunció a su curul.
La denuncia sostiene además que la documentación presentada como evidencia del cumplimiento del contrato genera interrogantes. Según Betancur, solamente se habría aportado una planilla de asistencia correspondiente a cuatro horas de capacitación, pese a que el diplomado contemplaba 40 horas distribuidas en varias sesiones.
También cuestionan las firmas de las planillas
Otro de los aspectos que deberá ser revisado por las autoridades está relacionado con las firmas que aparecen en los documentos de asistencia.
Los denunciantes compararon las planillas utilizadas para demostrar la participación en el diplomado con otros registros de asistencia del Concejo y señalaron que algunas rúbricas no coincidirían con las firmas habituales de determinados concejales.
Entre los casos mencionados está el de Shirley Ortiz. También se cuestionaron registros relacionados con otros integrantes de la corporación. Estas afirmaciones deberán ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes antes de establecer responsabilidades.
Denuncia llegó a organismos de control
La controversia ya fue trasladada a las autoridades competentes. Según el reporte, el pasado 12 de agosto se presentó una denuncia ante la Contraloría y la Personería de Itagüí, con el propósito de establecer si pudo existir detrimento patrimonial o alguna conducta irregular relacionada con la ejecución del contrato.
Los denunciantes también anunciaron que el caso podría llegar a la Fiscalía, particularmente por los cuestionamientos relacionados con la documentación, las certificaciones y las firmas que aparecen en los registros.
La solicitud incluye verificar la totalidad de las planillas de asistencia y confrontarlas con los diplomas expedidos para determinar si efectivamente se cumplieron las 40 horas de formación contratadas.
¿Qué pasó con la herramienta de inteligencia artificial?
El contrato no solamente contemplaba el diplomado. También incluía la instalación de un aplicativo de inteligencia artificial destinado a facilitar las labores de los concejales.
Según los denunciantes, algunos de los corporados que aseguran no haber participado en el diplomado tampoco recibieron dicha herramienta.
En los documentos citados por El Colombiano, la instalación del aplicativo hacía parte de los componentes contratados con Propcol SAS. La denuncia busca establecer si todos los elementos incluidos en el contrato fueron efectivamente entregados y utilizados por sus beneficiarios.
¿Quién firmó el contrato?
El contrato fue suscrito por el entonces presidente del Concejo de Itagüí, Daniel González, quien, según la publicación, es primo del excongresista Carlos Andrés Trujillo González.
Este elemento también fue mencionado dentro del contexto de la investigación periodística. Sin embargo, la relación familiar por sí sola no constituye una irregularidad y cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Por su parte, González aseguró que las denuncias son falsas y manifestó que demostrará su posición ante los organismos correspondientes, aunque no entregó declaraciones adicionales al medio sobre el caso.
Propcol SAS también fue contactada
El Colombiano informó que intentó obtener respuestas de Propcol SAS y del Politécnico Nacional de Formación e Innovación frente a los cuestionamientos.
Según el medio, no obtuvo una respuesta del representante legal de Propcol SAS y tampoco logró establecer comunicación efectiva con el Politécnico para conocer su versión sobre el proceso de formación y las certificaciones expedidas.
La empresa, según la investigación, fue creada en 2016 y posteriormente modificó su objeto social para desarrollar diferentes actividades relacionadas con proyectos públicos y privados, licitaciones, obras civiles, cursos y otros servicios.
Organismos de control deberán determinar si hubo irregularidades
El caso queda ahora en manos de las autoridades encargadas de establecer si existió o no alguna anomalía en la ejecución del contrato.
La revisión deberá determinar si las capacitaciones fueron realizadas en las condiciones pactadas, si las personas certificadas participaron efectivamente, si las firmas de las planillas corresponden a los asistentes y si los recursos públicos fueron utilizados de acuerdo con el objeto contractual.
Por ahora, se trata de denuncias y señalamientos que están pendientes de verificación. La investigación de los organismos de control será la que permita establecer si hubo un eventual detrimento patrimonial, irregularidades administrativas o responsabilidades de carácter disciplinario o penal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia en la contratación pública, especialmente cuando se utilizan recursos provenientes del erario para financiar capacitaciones, herramientas tecnológicas y servicios destinados a funcionarios y corporaciones públicas.
