Superintendencia condena a Alianza Fiduciaria por proyecto inmobiliario en Itagüí
La Superintendencia Financiera ordenó a Alianza Fiduciaria devolver los aportes realizados por un comprador del proyecto Reserva San José Natura, al concluir que incumplió sus deberes de información, diligencia y protección al consumidor financiero.
La Superintendencia Financiera de Colombia condenó a Alianza Fiduciaria por incumplimientos en sus obligaciones dentro del proyecto inmobiliario Reserva San José Natura, ubicado en Itagüí, y ordenó la devolución total de los recursos aportados por uno de los compradores afectados.
La decisión fue adoptada por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la entidad, luego de un proceso judicial que se prolongó durante cerca de dos años. Según el fallo, la fiduciaria incumplió sus deberes de información, diligencia y protección al consumidor financiero, por lo que deberá reintegrar aproximadamente 70 millones de pesos, debidamente indexados.
El abogado del demandante aseguró que la sentencia ya quedó ejecutoriada, por lo que la orden judicial deberá cumplirse y podría convertirse en un referente para otros compradores que adelantan procesos similares.
¿Por qué fue condenada Alianza Fiduciaria?
Durante el proceso, la Superintendencia concluyó que la entidad financiera incurrió en varias irregularidades relacionadas con la administración del negocio fiduciario.
Entre los hallazgos se estableció que Alianza Fiduciaria no entregó información suficiente sobre los riesgos del proyecto, omitió suministrar documentos fundamentales como el contrato de fiducia mercantil y la Cartilla ABC de Negocios Fiduciarios, además de no informar oportunamente a los compradores sobre el estado de la iniciativa inmobiliaria.
La autoridad también consideró que la fiduciaria no realizó de manera adecuada la verificación de la capacidad técnica, jurídica y financiera del promotor del proyecto, pese a tratarse de un desarrollo de gran magnitud.
Los desembolsos también fueron objeto de análisis
Otro de los aspectos evaluados durante el proceso fue la estructuración financiera del proyecto y los recursos entregados al promotor.
Según explicó el abogado Jhon Morales, representante del comprador beneficiado con la sentencia, una de las pruebas más relevantes fue que la fiduciaria habría autorizado desembolsos a una sociedad que reportaba un patrimonio cercano al millón de pesos, pese a que el proyecto inmobiliario estaba valorado en aproximadamente 122 mil millones de pesos.
Además, sostuvo que la obra quedó paralizada en septiembre de 2022 y que, aun así, la fiduciaria habría continuado realizando desembolsos hasta abril de 2023 por cerca de 1.500 millones de pesos, provenientes de los recursos consignados por los compradores.
Un proyecto de 629 apartamentos que nunca avanzó
Reserva San José Natura contemplaba la construcción de 629 apartamentos en el municipio de Itagüí. Sin embargo, la segunda etapa del proyecto nunca llegó a ejecutarse.
El comprador que promovió la demanda no recibió el inmueble ni la escritura prometida y, de acuerdo con su defensa, actualmente el terreno donde debía levantarse esa fase permanece sin edificaciones.
Durante el proceso también se expuso que el lote destinado para el desarrollo inmobiliario no se encontraba completamente pagado, situación que, según la defensa, evidenciaba las dificultades financieras que enfrentaba el proyecto mientras continuaban administrándose recursos de los compradores.
¿Qué efectos tiene esta decisión?
De acuerdo con el abogado Jhon Morales, la sentencia ya quedó en firme, por lo que Alianza Fiduciaria deberá cumplir la orden de devolver los recursos aportados por el comprador favorecido con el fallo.
Aunque la decisión judicial beneficia únicamente al demandante, el representante legal considera que se trata del primer pronunciamiento relacionado con el proyecto Reserva San José Natura, lo que podría convertirse en un precedente importante para otros compradores que también buscan recuperar su dinero.
No obstante, aclaró que cada uno de esos procesos deberá ser analizado de manera independiente por las autoridades competentes, ya que las decisiones judiciales dependerán de las pruebas aportadas en cada caso.
La sentencia marca un nuevo capítulo en uno de los proyectos inmobiliarios más cuestionados de Itagüí y pone de relieve la importancia de las obligaciones que tienen las sociedades fiduciarias frente a los consumidores financieros que confían sus recursos para la adquisición de vivienda.
